¿Silencio en América Latina?

RAFAEL ROJAS/El país

Tras la muerte del opositor pacífico cubano Orlando Zapata Tamayo y el inicio de la última huelga de hambre del también opositor pacífico Guillermo Fariñas, las primeras reacciones internacionales contra ese nuevo capítulo de la violación de derechos humanos en Cuba se concentraron en Estados Unidos y Europa. En las últimas semanas, sin embargo, esas reacciones legítimas y autónomas contra el Gobierno de Raúl Castro -que La Habana oficial presenta como "campañas mediáticas" contra una nación, persistiendo en la totalitaria identidad entre país y poder- se han desplazado hacia América Latina.

El presidente de Uruguay, José Mújica, un ex guerrillero tupamaro, que sufrió presidio político, y hoy defiende las vías electorales y democráticas de la izquierda, cuestionó la "intolerancia" del Gobierno cubano. Marco Enríquez-Ominami, el ex candidato presidencial chileno ubicado más a la izquierda, señaló que La Habana se conduce con "autoritarismo". En Brasil, el principal candidato opositor a las próximas elecciones presidenciales, el socialdemócrata José Serra, y varios líderes parlamentarios de ese país, también se pronunciaron contra la ausencia de libertades públicas en la isla y la criminalización de los opositores como "delincuentes" y "mercenarios".

Algunos ex presidentes latinoamericanos (Óscar Arias, Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Michelle Bachelet...) han expresado, antes o ahora, su preocupación por la falta de espacios para la oposición pacífica en Cuba. El senador socialista chileno, Fulvio Rossi, reveló que durante su viaje a La Habana, a principios del año pasado, la presidenta Bachelet pidió, en privado, a Fidel Castro la liberación de presos políticos. La respuesta de Castro, entonces, a esa discreta solicitud, fue la revelación pública de la petición que el comandante le hiciera a la presidenta de que Chile concediera salida al mar a Bolivia.

El presidente Sebastián Piñe-ra reiteró, durante su campaña electoral y en las primeras semanas de su gobierno, que la promoción del respeto a los derechos humanos en Cuba no será suprimida de su agenda diplomática. En el mismo sentido se han expresado muchos parlamentarios de oposición en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. La opinión pública de esos países -como ha podido leerse en La Nación y Clarín, dos de los principales diarios argentinos- refleja la considerable extensión de una idea crítica del socialismo cubano en América Latina.

El último episodio de este avance de la crítica latinoamericana se produjo en México. Lo interesante es que el mismo no provino del Gobierno de FelipeCalderón sino del Senado, una institución que juega un rol importante en la política exterior mexicana. A propuesta de un senador del PAN, el partido gobernante, las comisiones de relaciones internacionales de esa entidad legislativa aprobaron por mayoría una "exhortación" al Gobierno de Felipe Calderón para que sugiera a La Habana la excarcelación de los presos políticos y el inicio de un diálogo con la oposición pacífica.

Durante las discusiones en el Senado mexicano, los tres grandes partidos de México (PRI, PAN y PRD) reiteraron su rechazo al embargo comercial de Estados Unidos y el respeto de la soberanía cubana. Aún así, el embajador de la isla en México, Manuel Aguilera de la Paz, envió una carta en la que acusaba a los legisladores de "injerencia", la cual fue rechazada, precisamente, por "injerencista". El debate de la "exhortación" se pospuso en dos ocasiones -de presentarse se aprobaba- hasta que el 15 de abril, la iniciativa fue derrotada por 43 votos contra 42. La mitad de los senadores mexicanos -incluyendo varios de izquierda- piensa que México debe posicionarse frente a la violación de derechos humanos en Cuba.

El argumento central de las presiones de La Habana sobre la clase política latinoamericana es que cualquier crítica al Gobierno cubano, aunque venga acompañada de un claro posicionamiento en contra del embargo y a favor de la integración de la isla a foros regionales, es "intervención" en asuntos internos y "apoyo" a la política de Estados Unidos. No por falaz, ese argumento deja de ser eficiente en una región en la que, por la larga historia de conflictos con potencias atlánticas, la soberanía sigue siendo un valor importante de la cultura política.

A pesar del chantaje permanente que gravita sobre las izquierdas, los centros y las derechas latinoamericanas, en esas tres latitudes de la política regional predomina una percepción crítica del sistema político cubano y de la limitación de derechos civiles y políticos que el mismo impone a la ciudadanía insular. Mientras Fidel Castro manejó directamente la política exterior cubana, esas críticas latinoamericanas fueron combatidas con los peores métodos: desde la revelación de conversaciones grabadas hasta la difusión de expedientes secretos de políticos latinoamericanos, que alguna vez visitaron La Habana.

Esas prácticas inhiben, sin duda, y pocos políticos de la región, desbordados de problemas internos, están dispuestos a soportar las constantes maquinaciones de la diplomacia habanera en sus países. Durante la última crisis, sin embargo, la actitud predominante del Gobierno de Raúl Castro ha sido restar importancia a las voces latinoamericanas que han demandado el reconocimiento de la oposición cubana. Un autorizado representante del Gobierno de la isla, en viaje "mediático" por España, declaró colonialmente que esas voces carecían de "trascendencia".

¿Realmente es así? ¿Son insignificantes las críticas latinoamericanas a la falta de democracia en Cuba? No lo creo. Las encuestas que han tocado el tema de la isla, su sistema político y sus líderes, en diversos países de la región, durante la última década, reflejan un notable deterioro de la imagen del socialismo cubano en las sociedades civiles y políticas latinoamericanas. Los límites de esas críticas no tienen que ver con la influencia del "modelo" cubano o con el viejo "símbolo" de la Revolución, sino con el consenso que existe en América Latina de que, para lograr su democratización, es mejor integrar que aislar a Cuba.

Consciente de esa mayoritaria apuesta por la integración, ratificada en la pasada cumbre del Grupo de Río en Cancún, el Gobierno de Raúl Castro basará su presión sobre las cancillerías regionales en la idea de que si las mismas insisten en colocar el tema de los derechos humanos en la agenda, la interlocución diplomática se pierde y la agenda bilateral se cierra. El último recurso que le queda al Gobierno de Raúl Castro para impedir que la crítica al totalitarismo cubano se instale en las políticas latinoamericanas es, curiosamente, el boicot a la integración regional de la isla.

Rafael Rojas es historiador cubano y exiliado en México. Ha ganado el primer Premio de Ensayo Isabel Polanco con Repúblicas de aire.